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Correos entre Pablo Longueira y el abogado de SQM, revelaron que en noviembre de 2010 el entonces senador de la UDI pidió a la empresa que le enviarán un texto para cambiar el Código de Aguas.

Según informa nuestro medio asociado, diario La Tercera, desde el 9 de noviembre de 2010 el abogado de SQM  y ex fiscal de la minera, Patricio Matías Astaburuaga, intercambió una serie de correos con el entonces parlamentario bajo el asunto: “modificación Código de Aguas”.

En uno ellos, el abogado de la empresa envió un borrador de las modificaciones que se podrían introducir a la normativa para evitar la explotación ilegal de aguas subterráneas y fortalecer la fiscalización. Asimismo, hay una serie de mensajes en los que Longueira pide a Astaburuaga no comentar el documento, ni tampoco enviárselo a otra persona. 

Al ser consultado respecto al tema, el abogado del ex senador aseguró que este nunca presentó o patrocinó un proyecto de ley relativo al Código de Aguas. Mientras, desde la defensa de Astaburuaga no quisieron referirse al tema. 

Cabe destacar que estos correos forman parte de la investigación de la Fiscalía sobre el caso SQM, en la que Longueira fue formalizado por presuntos delitos tributarios y cohecho en relación a la tramitación de la Ley del Royalty. Asimismo, Astaburuaga declaró en calidad de testigo ante la fiscal Paola Castiglione sobre el intercambio de estos correos y aseguró que fue el ex gerente de la minera, Patricio Contesse, quien le solicitó enviar recomendaciones a Pablo Longueira sobre el tema. 

Respecto a lo anterior Pablo Longueira emitió un comunicado que dice lo siguiente: 

“En relación a la publicación de un medio de comunicación que reproduce en forma destacada una transcripción parcial y sesgada de una parte de la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público, quiero señalar que, como lo puede comprobar cualquier persona, jamás presenté ni gestioné proyecto de ley ni iniciativa alguna que tenga relación con la materia que se indica en la nota de prensa. Todos los parlamentarios y las autoridades reciben y solicitan a diario opiniones de la ciudadanía, de gremios, sectores empresariales y sindicales, pero ello no significa, como se quiere insinuar, que ello importe una infracción a la independencia y objetividad en el ejercicio de la función pública”.

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