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La rabia y la impotencia cubrió a la ciudad de Puerto Montt hace unos días. Sophia, una menor de de apenas 1 año y 11 meses, fue abusada, golpeada y posteriormente asesinada.

El presunto responsable es su padre biológico, Francisco Ríos, quien fue imputado por la Fiscalía por parricidio, maltrato infantil y violencia intrafamiliar. Arriesga hasta presidio perpetuo calificado.

La brutalidad del caso generó impactó nacional. Ante un crimen  aberrante como este, la indignación ha sido la respuesta mayoritaria. Y de esa conmoción nació una campaña que busca endurecer las penas para estos delitos contra menores, incluso reponiendo la pena de muerte.

El hashtag #LeySophia ha sido ampliamente comentado y ha encontrado apoyo en amplios sectores de la ciudadanía. Incluso se han organizado marchas, como la que se hizo hoy en Punta Arenas.

La pena de muerte fue derogada en nuestro país en 2001 y el Pacto de San José, firmado por Chile, impediría reestablecerla. Pero el debate debe apuntar a los temas de fondo: ¿es realmente disuasiva la pena capital? ¿Es una respuesta digna de una sociedad moderna? ¿Es correcto buscar en el castigo la solución a las causas de estos casos brutales?

La evidencia en otros países y la discusión académica indicarían que no, que la pena de muerte no es el camino. Pero el debate no debe ser en vano y nos obliga a pensar en la violencia hacia los menores como un tema pendiente y urgente.

La crisis en el Sename es prueba suficiente para eso y hoy se conocieron nuevos datos: una encuesta de polivitcimización reveló que el 10% de menores y adolescentes ha sufrido a lo menos 14 episodios de violencia, en distintas formas, a lo largo de su vida.

Alarmas de que nuestra sociedad, el Estado y las familias, estamos fallando en algo profundo. Y que no habrá pena máxima que sea capaz de revertir ese escenario si no es escarba en las raíces del problema.

 

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